Dificultades funcionales en México: qué mide la EIC 2025

Saber cuántas personas viven con dificultades para desenvolverse en la vida diaria no es un asunto retórico. Depende de qué queremos medir y para qué. La medicina puede buscar un diagnóstico; una institución laboral quiere saber si una persona puede seguir desempeñando determinado trabajo; una política social necesita identificar quienes requieren apoyos; y una encuesta de hogares pretende identificar poblaciones con dificultades para realizar actividades cotidianas.

La Encuesta Intercensal (EIC) 2025 entra en esta última categoría. Busca identificar dificultades funcionales en la población mediante una metodología comparable y con una cobertura territorial difícil de alcanzar con otras encuestas. Esa combinación amplía de manera importante la información disponible en México.

Desde el Censo de 2010, el INEGI incorporó los seis dominios recomendados por el Grupo de Washington (GC), aunque todavía sin aplicar plenamente los grados de la dificultad. La Encuesta Intercensal de 2015 avanzó en esa dirección; el Censo de 2020 consolidó explícitamente la metodología del GC dentro del marco conceptual de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), y la EIC 2025 da continuidad a esa forma de medir.

La pregunta central de la encuesta se hace para cada integrante del hogar e indaga cuánta dificultad tiene para ver, aun usando lentes; oír, aun usando aparato auditivo; caminar, subir o bajar; recordar o concentrarse; bañarse, vestirse o comer; y hablar o comunicarse. Para cada dominio hay cuatro respuestas posibles: no tiene dificultad, lo hace con poca dificultad, lo hace con mucha dificultad o no puede hacerlo.

A partir de esas respuestas, el INEGI distingue tres grupos. Quienes no presentan dificultad; quienes tienen únicamente poca dificultad en alguna actividad se clasifican con limitación; y quienes tienen mucha dificultad o no pueden realizar al menos una de las seis actividades se clasifican con discapacidad.

La diferencia entre limitación y discapacidad no proviene, por tanto, de un diagnóstico clínico ni de una certificación médica. Se construye a partir de la intensidad de la dificultad que se informa para cada integrante del hogar. Para simplificar la lectura, en adelante llamaré dificultades funcionales al conjunto de limitación y discapacidad.

Antes de examinar los resultados hay que detenerse en quién proporciona la información. Las respuestas no necesariamente proceden de la persona a la que se refieren. La EIC considera informante adecuado a la persona de referencia del hogar, su cónyuge o pareja, o a otra persona de 18 años o más que resida habitualmente en la vivienda y conozca las características de sus ocupantes.

Esta forma de levantar la información tiene una ventaja operativa. Una encuesta aplicada en alrededor de siete millones de viviendas difícilmente podría exigir que cada integrante estuviera presente para responder personalmente. La figura del informante permite alcanzar una cobertura que de otra manera sería muy difícil conseguir. Pero también introduce un sesgo potencial. No todas las dificultades son igualmente observables. Puede ser relativamente fácil advertir que alguien no puede caminar o necesita ayuda para bañarse; es más difícil saber cuánto le cuesta ver, oír, recordar o concentrarse, y todavía más decidir si esa dificultad es poca o mucha. La estandarización del instrumento fortalece la comparabilidad, pero la respuesta por otra persona del hogar introduce incertidumbre. La EIC no permite establecer cuánto modifica esto las estimaciones, pero esa posibilidad debe acompañar su interpretación.

Trabajar con el conjunto de dificultades funcionales tiene además una ventaja frente a ese posible sesgo: reduce la importancia de los errores al distinguir entre poca y mucha dificultad. Otra persona puede clasificar de manera distinta su intensidad, pero mientras reconozca la dificultad como existente seguirá formando parte del mismo conjunto. Persisten, por supuesto, los errores de omisión: una dificultad poco visible puede no ser reconocida en absoluto.

Una vez dicho lo anterior, el resultado general puede ser relativamente fácil de comunicar y entender. Alrededor de 16% de la población mexicana, aproximadamente una de cada seis personas, presenta alguna dificultad funcional. La mayor parte corresponde a limitaciones de menor intensidad y una proporción menor a discapacidad. Las diferencias por edad son mucho mayores. Entre menores de 15 años las dificultades funcionales son poco frecuentes; aumentan durante la vida adulta y, a partir de los 60 años, alcanzan aproximadamente a la mitad de la población. Dicho de otra manera: una de cada dos personas de 60 años y más vive con alguna dificultad para ver, oír, caminar, recordar, cuidarse o comunicarse.

El tipo de dificultad también cambia con la edad y con su intensidad. Entre quienes presentan limitación predomina la dificultad para ver aun usando lentes; entre quienes presentan discapacidad ocupa el primer lugar la dificultad para caminar, subir o bajar. En niñas y niños adquieren mayor presencia relativa las dificultades para hablar o comunicarse y para recordar o concentrarse; en las edades avanzadas cobran mayor peso caminar y oír. Como se mencionó, estas diferencias deben leerse con cautela respecto de quién proporciona la información. Una misma persona puede presentar dificultades en más de un dominio.

Hasta aquí, sin embargo, seguimos viendo a México a través de promedios nacionales. La EIC permite abrirlos por tamaño de localidad, y ahí aparece una diferencia que el promedio esconde.