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Un proyecto de ley radicado recientemente en el Congreso de la República busca instaurar el 31 de octubre como el Día Nacional de la Biblia en Colombia, una iniciativa que coincide con la celebración de Halloween y que abrió un nuevo debate sobre el carácter laico del Estado y la separación entre la Iglesia y el poder público.
La propuesta, impulsada por la senadora Sara Castellanos, del partido Salvación Nacional, pretende establecer una jornada fija y anual para reconocer la influencia religiosa, histórica y cultural de las Sagradas Escrituras en el país.
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Antes de radicar formalmente la iniciativa, la congresista —quien también se desempeña como pastora cristiana— entregó ejemplares de la Biblia a distintos integrantes del Senado y de la Cámara de Representantes. Castellanos aseguró que la propuesta responde a las oraciones de quienes esperan "que Dios levante un gobierno justo".
Y es que esta iniciativa cuenta con el apoyo de altos funcionarios del Ejecutivo. El mismo presidente Abelardo de la Espriella ha destacado públicamente en diferentes espacios la importancia de este texto religioso para Colombia.
Por su parte, el vicepresidente José Manuel Restrepo respaldó la medida durante el acto de presentación y radicación de este jueves 29 de octubre, enfatizando la necesidad de promover la lectura de las Sagradas Escrituras y recuperar sus enseñanzas en la sociedad colombiana.
"Volver sobre la Biblia y la palabra de Dios nos hace más humildes, mejores seres humanos y más empáticos", expresó el vicepresidente, quien concluyó defendiendo el valor de los textos con una frase contundente: "Desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Cristo mismo".
Pese al respaldo oficial, la propuesta ha generado fricciones por sus posibles implicaciones en materia de libertad religiosa. La Asociación de Ateos de Bogotá anunció que emprenderá acciones judiciales en caso de que el proyecto se convierta en ley.
La organización argumenta que fijar una celebración nacional dedicada a un texto religioso específico compromete la neutralidad de las instituciones públicas. Asimismo, advirtió que la norma podría involucrar a funcionarios, entidades estatales y colegios oficiales en la promoción de actividades de culto.
Los críticos recordaron que tribunales administrativos ya han anulado disposiciones similares en departamentos como Cundinamarca y Meta, e insistieron en que la Constitución exige garantizar un trato igualitario tanto a quienes profesan diversas religiones como a quienes no tienen ninguna creencia.
Para convertirse en ley de la República, la iniciativa deberá superar un total de cuatro debates reglamentarios en el Congreso de la República.
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Mientras los promotores de la medida defendieron el reconocimiento de la relevancia espiritual y cultural del libro sagrado, los sectores críticos sostienen que la ley vulneraría los principios fundamentales del Estado laico colombiano.
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